El Gobierno va tirando de dónde puede para sufragar el incremento de gasto público sin precedentes en la historia reciente de España que ha decidido asumir para hacer frente a los efectos sociales, laborales y económicos de la pandemia de la Covid-19, una factura que hace un mes escaso estimó en algo más de 34.000 millones de euros pero hoy ya parece que desbordará holgadamente esa frontera. El Consejo de Ministros anunció el pasado martes la liberación de un nuevo préstamo a la Seguridad Social por valor de 16.500 millones de euros - a sumarse a los 13.830 millones que ya le había inyectado a mediados de abril - y una transferencia de crédito extra de otros 14.000 millones de euros desde el Estado con destino al pago de los costes asociados a la Covid-19.
Resuelto en principio el problema de liquidez de la Seguridad Social quedaba por sustanciar la situación del SEPE, el otro gran actor institucional del 'escudo social' del Gobierno, que de la noche a la mañana ha pasado de abonar unos 1.800 millones de euros en prestaciones todos los meses a tener que gestionar más de 4.500 millones de euros como consecuencia de la creación de nuevos prestaciones especiales para los afectados por ERTE, los fijos discontinuos, los temporales que se quedaron sin empleo en el primer embate de la crisis y otro grupo de colectivos como las empleadas del hogar. Más temprano que tarde esa presión haría que las costuras financieras del SEPE acabaran reventando, pero el Ejecutivo ha dado con una solución que da cobertura a ese gasto extra sin exigir aún más a las ya castigadas arcas del Estado: utilizar el remanente de tesorería de 14.000 millones acumulado por el SEPE tras años en los que los ingresos por cotizaciones han pagado los subsidios y bonificaciones que le correspondía pagar al Estado.
El Ministerio de Trabajo trasladó el plan de tirar de la 'hucha del desempleo' para sufragar la factura del coronavirus a los agentes sociales el pasado miércoles, en el marco de la reunión de la Ejecutiva del SEPE, según han adelantado a La Información fuentes del diálogo social y han confirmado fuentes del Gobierno. En concreto, Trabajo está perfilando una ampliación de crédito de 14.000 millones de euros con cargo a los ahorros acumulados para poder sufragar el pago, sobre todo, de las prestaciones a los más de tres millones de trabajadores cubiertos por ERTE, pero también del resto de coberturas que ha asumido en esta crisis.
Una factura de alrededor de 16.500 millones para el SEPE
De hecho, en el Ministerio no están convencidos de que los ahorros acumulados en la caja del SEPE sean suficientes para sufragar la desviación de gasto que provocará en el organismo la red extraordinaria de cobertura a desempleados y trabajadores 'hibernados' dispuesta por el Gobierno y en la reunión del miércoles deslizaron a los presentes que era posible que hubiera que rascar "2.000 o 2.500 millones de euros extra" de otras fuentes de financiación, entre las que se citó la reprogramación de fondos procedentes del Fondo Social Europeo, aunque esta opción, según las fuentes consultadas, está pendiente de que se aclare el perímetro de actuación que Bruselas dará a los países para su reorientación. Trabajo ya ha admitido en respuestas parlamentarias que también se utilizarán los fondos para formación para hacer frente al 'shock' generado por el coronavirus. Bajo estas premisas, la factura global para el SEPE de la red de cobertura extraordinaria dispuesta contra los efectos del coronavirus rondaría los 16.500 millones de euros, poco menos de lo que el organismo acostumbra a gastar en prestaciones contributivas en un ejercicio completo.
La maniobra no será gratuita para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ese dinero se corresponde al fin y al cabo con las transferencias al SEPE dejadas de abonar en los últimos años por el Estado para sufragar la parte no contributiva de la actuación protectora del SEPE: subsidios al desempleo para parados de larga duración, bonificaciones a la contratación con cargo a la cuota por desempleo...Según la última Cuenta Anual del SEPE, correspondiente a 2018, el organismo acumulaba derechos de cobro - principalmente por ese déficit de transferencias del Estado - de 16.314 millones de euros. En otras palabras, el Presupuesto del Estado le debía más de 16.000 millones al sistema público de protección al desempleo en concepto de todos los 'gastos impropios' abonados con cotizaciones por desempleo de empresarios y trabajadores para cuestiones ajenas a la cobertura contributiva por desempleo.
El asunto era bien conocido en el diálogo social. CEOE se ha cansado de exigir al Gobierno una reducción de las cuotas al desempleo, una vez constatada la suficiencia estructural de éstas para abonar las prestaciones por desempleo y su uso 'impropio' para sufragar aspectos para las que no están concebidas como las políticas de incentivos a la contratación o el abono de subsidios de todo tipo a desempleados de larga duración y otros colectivos. Desde UGT y CCOO la reflexión de fondo era similar, pero el objetivo, otro: solicitaban utilizar ese excedente para mejorar las coberturas a los desempleados tras los recortes realizados en la crisis.
El secretario de Estado de Empleo de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, también era consciente de la situación y al poco de entrar al cargo manifestó su intención de utilizar ese excedente para mejorar la cobertura pública a los desempleados. A partir de ahora lo va a tener más complicado. La decisión de asignar esos ahorros a sufragar la factura de las prestaciones especiales dispuestas a raíz del impacto de la Covid-19 implica la asunción directa por parte del SEPE de ese coste y la renuncia implícita a reclamar esos recursos al Estado, que en los últimos años había reducido prácticamente a cero las preceptivas transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar la parte no contributiva de las coberturas al desempleo.
No hay que olvidar que a ojos de Bruselas, las cuentas del SEPE pertenecen al subsistema de Seguridad Social. A la espera de la parte del exceso de gasto público de este año que pueda sufragar Europa, el Gobierno parece haber optado por hacer descansar la mayor parte de la factura en el sistema de Seguridad Social, antes de asumirlo de forma directa en las cuentas del Estado. La práctica choca de frente con el relato que el Gobierno ha mantenido hasta la fecha sobre la necesidad de abonar con impuestos y con cargo al Estado la parte no contributiva de la red de cobertura pública. En lugar de descargar de gastos al sistema de Seguridad Social, las decisiones que está tomando el Gobierno abocan a ese subsistema a un desequilibrio aún mayor en sus cuentas.
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