La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está vigilando a las empresas inmersas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para garantizar que no se hacen 'trampas' en la paulatina incorporación de los trabajadores afectados a la actividad, un proceso que se está produciendo al compás de la desescalada que va a permitir a los negocios avanzar hacia la 'nueva normalidad'. Según trasladan a La Información fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tras el cruce de datos masivo a través de la herramienta de lucha contra el fraude de la Seguridad Social, los inspectores han iniciado las visitas a compañías de todo el territorio nacional y están procediendo a proponer las sanciones previstas en la ley en el caso de detectar irregularidades.
El batallón de inspectores y subinspectores de Trabajo está siendo clave en esta crisis. El Gobierno reforzó su papel aumentando los mecanismos de control y elevando las sanciones a las empresas que cometan fraudes en los ERTE, bien porque los expedientes contengan falsedades o incorrecciones o bien por el disfrute fraudulento tanto de las prestaciones por desempleo como de las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social. También serán los responsables de vigilar que los empresarios no despiden a las personas afectadas por los ERTE durante los seis meses posteriores a la recuperación de la actividad, una cláusula que no ha sido bien digerida por la patronal, que no obstante logró arrancar algunos resquicios para poder ajustar las plantillas una vez superada la crisis.
Para el Ministerio de Trabajo es crucial que las empresas que se han aprovechado de los mecanismos puestos en marcha para permitirles hacer un paréntesis durante estos meses sin coste adicional respeten al pie de la letra las condiciones de mantenimiento del empleo. Durante su intervención en el Congreso para convalidar el decreto de prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio -fecha ampliable en función del sector- la ministra Yolanda Díaz lanzó una advertencia a los empresarios al recordarles que el "esfuerzo extraordinario que está haciendo el Gobierno sosteniendo a empresas y trabajadores" a través de los ERTE "no puede otorgarse a cambio de nada" y quienes se acojan a esta herramienta extraordinaria tienen "un compromiso con la sociedad".
Dentro de estos compromisos, es fundamental que las empresas que vayan desafectando a los trabajadores en ERTE sigan las pautas establecidas en el real decreto ley que recoge las condiciones para renovar estos expedientes. La norma diferencia entre la fuerza mayor total o parcial, entendiendo en el primer caso que los trabajadores continúan con su empleo suspendido porque la empresa no puede retomar la actividad al persistir las restricciones sanitarias y en el segundo que los empresarios sí pueden retomar la actividad y para ello pueden ir incorporando a parte de la plantilla a sus puestos en función de las necesidades. El decreto precisa que las empresas deberán primar los ajustes en términos de reducción de jornada.
Guillermo Barrios, of counsel de Ceca Magán y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos aporta un matiz importante: "El Real Decreto Ley 18/2020 distingue entre la fuerza mayor total y parcial a efectos de exoneraciones, pero no hay que confundir estos conceptos con las suspensiones de empleo totales o parciales por afectar a todos o a una parte de los trabajadores de la empresa". Una vez aclarado esto, Barrios especifica que los negocios en los que se hayan diluido las causas que justificaron el expediente por fuerza mayor y puedan recuperar parcialmente su actividad el empresario deberá ir reincorporando a los trabajadores en la medida que considere necesario, siempre dejando clara su situación mediante una declaración responsable para evitar sanciones por parte de la Inspección.
Y aquí es donde entran los inspectores. "Lo que se está comprobando fundamentalmente es que las empresas que están reanudando la actividad están cumpliendo los requisitos para permanecer en ERTE y seguir beneficiándose tanto de las prestaciones como de las exoneraciones en los casos en los que parte de la plantilla continúe en suspensión o reducción temporal de empleo", explican fuentes de la Inspección. Aclaran, además, que las compañías que modifiquen en su aplicación las medidas excepcionales deben comunicar con carácter previo al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas. "De no hacerlo, incurrirán en una sanción grave", advierten los inspectores.
Disminución de las exoneraciones
Hay que recordar, como hacía Barrios, que cuando una empresa transforma un ERTE por fuerza mayor total en uno por fuerza mayor parcial pasa a disfrutar de menores exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales. Concretamente, si reincorpora a parte de su plantilla, la exención por los trabajadores que vuelvan a sus puestos será del 85% en mayo y del 70% en junio si la compañía tiene menos de 50 trabajadores; y del 60% en mayo y del 45% en junio en el caso de ser una empresa con más empleados. Y para las cotizaciones de los trabajadores que sigan en ERTE, la exoneración será del 60% en mayo y del 45% en junio para las empresas de menos de 50 empleados y del 45% en mayo y el 30% en junio para las de mayor tamaño en términos de plantilla.
De este modo, el Gobierno busca incentivar la incorporación de los trabajadores en la medida que puedan ir asumiendo las empresas, reduciendo paulatinamente las ayudas. En principio, estos porcentajes están establecidos solo hasta el 30 de junio, pero los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social ya están negociando con la patronal y los sindicatos para fijar las condiciones de los ERTE más allá de esa fecha en los casos que deban prolongarse por las características concretas de la actividad, con la vista puesta en sectores especialmente afectados como el turismo. En este sentido, el Consejo de Ministros se reserva la posibilidad de ampliar las condiciones favorables de los ERTE, incluidas las exoneraciones de cotizaciones y las prestaciones por desempleo.
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