Los jubilados planean una batalla contra Escrivá por excluirles de la renta básica

Los pensionistas vuelven a las calles y lo hacen más indignados que nunca. A su reivindicación de pensiones dignas se suman ahora las demandas en defensa de la sanidad pública y de las residencias de mayores, especialmente golpeadas por la Covid-19. Pero hay otra exigencia que el Gobierno no vio venir y es que los jubilados han puesto el grito en el cielo al comprobar que han quedado excluidos del cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación que busca paliar la pobreza extrema con urgencia ante la crisis sanitaria y que topa la edad de los potenciales beneficiarios en 65 años, dejando fuera a los perceptores de pensiones de jubilación no contributivas que cobran menos de 400 euros.

"Es una discriminación por motivo de edad", denuncia Gerardo Ruiz, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles que ayer lunes celebró una concentración en el municipio madrileño. Esta agrupación fue una de las firmantes de una carta dirigida al Gobierno el pasado 11 de mayo para exigir la compatibilidad de la pensión no contributiva (la que se percibe aunque no se haya cotizado el tiempo suficiente) con el cobro del IMV. La misiva fue destinada tanto al presidente Pedro Sánchez como al vicepresidente Pablo Iglesias y a los ministros de Trabajo (Yolanda Díaz) e Inclusión (José Luis Escrivá, el arquitecto de la medida), pero nunca obtuvieron respuesta más allá del acuse recibo.

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Desde la Seguridad Social garantizaron a La Información que se estaba estudiando la incorporación de este colectivo, entre otros cuantos, durante los últimos días del proceso de diseño de esta prestación, si bien tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley que la regula, los jubilados han comprobado que finalmente han quedado excluidos. "Se han olvidado de nosotros", lamenta Ruiz, que asegura que no van a cejar en su empeño y dirigirán otra misiva al Gobierno, porque para el cerca de medio millón de perceptores de pensiones no contributivas (más de la mitad son de jubilación) que cobran 395,6 euros al mes "60 euros pueden marcar la diferencia entre comer o no comer".

Hay que recordar que el IMV fija una renta mínima garantizada de 462 euros al mes para un adulto que viva solo y tenga entre 23 y 65 años, de manera que los jubilados no tienen opción a cobrar esta prestación. La criba afecta especialmente a las mujeres, que por norma general son las que cobran las pensiones más bajas, esencialmente las no contributivas, al no haber podido cotizar durante el tiempo suficiente a la Seguridad Social para cobrar una pensión contributiva del sistema. Precisamente, el Gobierno ha fijado esa cuantía en 462 euros por el equivalente a la pensión mínima no contributiva en 12 pagas y su revalorización se va a vincular anualmente a esta, tal y como recoge el Real Decreto Ley.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que los perceptores de pensiones no contributivas "ya están cubiertos por esas prestaciones" y justifican su exclusión de la renta mínima, tal y como está diseñada actualmente, porque querían ponerla en marcha lo antes posible. "La absorción o no de otras prestaciones se hará más adelante, para eso están las evaluaciones", zanjan. En el Real Decreto Ley publicado ayer en el BOE se establece superficialmente que "la progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país".

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En la Puerta del Sol

Los jubilados consideran "injusta" y "discriminatoria" esta exclusión y por eso van a incluir esta demanda en su catálogo de reivindicaciones. Después de tres meses de confinamiento, con especial preocupación en el caso de los más mayores por ser colectivo de riesgo, los pensionistas ya están organizando movilizaciones en las grandes ciudades en la medida que les va permitiendo la desescalada. Empezaron en el País Vasco y ahora también en Madrid, donde está convocada una concentración este miércoles a las 12.00 frente a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.

Según ha podido saber este medio por fuentes del colectivo de pensionistas, la Delegación de Gobierno en Madrid ha autorizado la concentración convocada por el Movimiento Pensionista de Madrid, exigiendo exclusivamente que cumplan una serie de medidas sanitarias para garantizar el distanciamiento social de dos metros. Asimismo, les han recordado que en todo caso han de respetarse las restricciones a la movilidad establecidas en la fase 1, por lo que no se podrán realizar desplazamientos desde otra provincia para asistir a esta concentración.

La protesta se va a centrar en la defensa de la sanidad pública, de las residencias públicas de mayores y de unas pensiones "dignas", si bien en las plataformas de pensionistas se empieza a percibir ya cierto miedo a una congelación de las pensiones ante la situación de crisis actual y las consecuencias que ya está teniendo para las arcas públicas, en especial para la Seguridad Social. Desde el Gobierno insisten en que las pensiones no se van a tocar y la revalorización para mantener el poder adquisitivo está garantizada, si bien los jubilados no olvidan que sus nóminas ya han estado en la diana en crisis anteriores y temen un nuevo recorte.

Si en algo coinciden las distintas plataformas y asociaciones de pensionistas de todo el país es en la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, de manera que se evite a toda costa su congelación y se garantice la revalorización anual para el mantenimiento del poder adquisitivo. No hay que olvidar que el Gobierno aprobó una subida generalizada de las prestaciones del 0,9% para este año, pero tiene pendiente de activar un incremento mayor para las pensiones mínimas y no contributivas, algo que se pretendía hacer en los Presupuestos Generales del Estado, que ahora mismo están en el aire.