La inminente inversión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el accionariado de Telefónica disparará la cartera en bolsa del Estado en grandes empresas cotizadas hasta superar los 27.000 millones de euros, un 30% más o 6.300 millones más que en 2022, según datos estimados por 'La Información' a partir del planteamiento notificado a la CNMV de que comprará el 10% del capital de la teleco.
El importe proforma de la operación a precios actuales supera los 2.000 millones de euros y convertiría a la operadora en la cuarta posición más relevante de su cartera de inversiones en bolsa por detrás de Aena, Airbus y Caixabank. La SEPI no llegará al cobro de dividendo que ha realizado Telefónica esta semana pero, a 12 meses vista, el brazo inversor estatal ingresará alrededor de 96 millones de euros por esta vía.
El Gobierno de Pedro Sánchez busca así convertirse en el primer accionista de Telefónica, como lo fue antes de su privatización, y evitar así la bandera de Arabia Saudí al frente del accionariado de una empresa considerada estratégica por su papel central en las telecomunicaciones y ciberseguridad en España.
El grupo saudí controla un 4,9% de las acciones de la multinacional española a través de la operadora estatal Saudi Telecom (STC). Es propiedad en un 64% del fondo soberano saudí aunque cotiza en bolsa y tiene también accionistas minoritarios. Los sauditas tiene un contrato de derivados financieros con Morgan Stanley para hacerse con otro 5% del capital.
¿Cómo queda el accionariado?
Cuando se consume el regreso del Estado al accionariado de Telefónica, la SEPI se situará como primer accionistas con el 10%, seguida de Arabia Saudí con el control directo e indirecto del 9,9%. En tercer lugar se sitúa BBVA, con el 4,9% del capital.
La gestora Blackrock agrupa el 4,5% a través de decenas de fondos de inversión. Caixabank mantiene todavía el 3,5% de Telefónica y Criteria Caixa roza el 2,6%. Vanguard declara el 3,2% de la operadora, aunque también es por agregación de múltiples fondos. El fondo soberano de Noruega mantiene un 2% del grupo.
El Estado ha recuperado completamente el valor perdido en su cartera de acciones durante la pandemia. Durante el crash de febrero a marzo de 2020, experimentó una depreciación temporal de más de 5.000 millones. Sin embargo, en la actualidad, el valor combinado de las 9 empresas en las que tiene intereses significativos ha alcanzado niveles máximos históricos. Esta recuperación se produce en medio de una subida generalizada en el mercado durante el último mes, impulsado por la pausa en los tipos de interés y la rotación de los inversores de cara al fin de año.
Aena y Airbus, la mitad de la cartera
Aena ha liderado esta recuperación en el mercado bursátil. El monopolio de los aeropuertos españoles está controlado en un 51% por EnAire, un ente adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad, actualmente bajo la dirección de Óscar Puente. Este porcentaje tenía un valor de 12.568 millones de euros al cierre de este martes, aproximadamente 3.600 millones más que al cierre de 2022.
Está considerada la joya del patrimonio estatal, debido a su aumento en bolsa de más del 40% impulsado por el auge del turismo y el tráfico aéreo en España. Además, la empresa que gestiona los aeropuertos de Barajas y El Prat ha entregado a EnAire un dividendo de 363 millones después de haber suspendido estos pagos al accionista durante 2020, 2021 y 2022 debido a la pandemia.
Por otro lado, Caixabank, controlado en un 17,3% a través del Fondo de Resolución Bancaria (FROB) adscrito al Ministerio de Economía, liderado aún por Nadia Calviño, ha sido un lastre para para la cartera. En este caso, el banco ha restado 280 millones de euros a su valoración respecto a 2022, una caída del 5,5%. El paquete de acciones estatales en el banco tiene una valoración de 4.840 millones, aunque representa una de las principales fuentes de dividendos, con un pago anual de 300 millones.
A través de sus ocho empresas cotizadas, el Gobierno obtendrá más de 800 millones de euros en dividendos brutos en 2023, el doble de lo obtenido en 2022. Con Telefónica en cartera, el Gobierno volverá a superar los 1.000 millones de euros de renta por dividendos el año que viene.
Dentro del sector aéreo, el Estado posee un 4,2% del capital de Airbus, que vale en bolsa 4.600 millones de euros y es la tercera mayor inversión. La multinacional europea, en la que también participan los gobiernos de Alemania, Francia e Italia, se ha revalorizado un 25% en 2023 y aporta casi 1.000 millones adicionales a la cartera.
Aparte de estas participaciones, el brazo inversor del Estado tiene intereses directos en el gestor eléctrico Redeia-Red Eléctrica (20%), la tecnológica de defensa Indra (28%), el grupo de aerolíoneas IAG (2,5%), el gigante de la alimentación Ebro Foods (10,3%) y el gestor de la red gasista Enagás (5%).
La SEPI también controla empresas no cotizadas de gran relevancia en distintos sectores. Entre estas se encuentran Hispasat (7,4%), Alestis (24%), Enresa (20%) y el control total de Corporación RTVE, Agencia Efe, Navantia y Correos. Muchas de estas últimas empresas enfrentan pérdidas considerables y requieren inyecciones periódicas de capital, siendo su viabilidad sostenida por el respaldo del Estado.
En términos agregados, el Grupo SEPI, presidido por Belén Gualda, obtuvo unos beneficios de 43 millones de euros en 2022, un 73% menos que en 2021. Sin embargo, su cifra de negocio creció un 2% interanual, alcanzando los 5.252 millones de euros, de los cuales el 37% proviene de Correos, el 26% de Navantia y el 25% de Tragsa. Las participaciones minoritarias en bolsa aportan un resultado neto cercano a los 400 millones de euros, pero las no cotizadas generan pérdidas casi equivalentes.
